Principios probatorios (Cuarta Parte)

La Ciudad de Zacatecas desde los cubículos de la Unidad Académica de Derecho, UAZ. Foto. Abigail Gaytán

Recopilación realizada:

 M. en C. Abigail Gaytán Martínez

Docente Investigador, UAD, UAZ.

Perfil PRODEP

Cuarta parte… ESTUDIO REALIZADO POR LA CORTE SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

En la publicación recientes hemos mención a la clasificación que la Corte hace sobre los principios que rigen el procedimiento penal acusatorio y oral en tres segmentos: los que rigen en la iniciación del procedimiento, los relativos a la realización del procedimiento; y los principios probatorios, veamos ahora lo que señala respecto de tercer y último grupo.

“C) Principios probatorios

a)    Principio de inmediación

En el juicio oral es donde se practican las pruebas, ya que sólo lo que ha sido oralmente debatido en el juicio puede ser fundamento legítimo de la sentencia, este principio nació como consecuencia del proceso liberal que se contraponía al sistema de justicia secreta, el juicio por tanto debe ser oral y público para que cualquiera pueda verlo y oírlo y por tanto los jueces sólo puedan acceder a la prueba practicada ante ellos, por lo que el juez que dicte la sentencia deber haber asistido a la práctica de las pruebas, apreciando las declaraciones y observando directamente los diversos medios de prueba que se desahoguen en el juicio oral[1].

Sin embargo, este principio se puede flexibilizar en determinadas ocasiones, pues la inmediación es un medio, y no así un método, y por tal motivo se puede flexibilizar; en este sentido la inmediación es necesaria pero per se no es suficiente garantía, pues con este principio se pueden realizar verdaderos enjuiciamientos dotados de la necesaria racionalidad, que permitirán llegar a conclusiones dotadas de buen fundamento y también pronunciamientos elípticos, como es el caso, en los que el déficit de análisis y contrastación de los datos de diversa procedencia crea el riesgo de la decisión acrítica, emocional o por mera empatía[2]. No falta razón, cuando se manifiesta que en el sistema acusatorio el valor probatorio de la prueba testifical descansa en el hecho de que se produzca ante la presencia inmediata del Tribunal, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial[3], caben algunas excepciones como las denominadas pruebas anticipadas o preconstituidas[4].

Estos supuestos o modalidades en el desarrollo de las pruebas se dan razones de imposibilidad del testigo, por lo que en principio se permite prescindir de su personal comparecencia en el propio juicio oral, sustituyéndola por otras soluciones. En ellas existen diferencias por su mayor o menor observancia de los principios que presiden la práctica de la prueba y especialmente del principio de inmediación ante el Tribunal juzgador, así la prueba anticipada se presenta en aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieran motivar su suspensión, es decir se limita a la anticipación de la práctica probatoria que se desarrolla en un momento anterior al comienzo del juicio oral. En lo demás se han de observar las reglas propias de la prueba, con sometimiento a los mismos principios de publicidad, contradicción e inmediación ante el Tribunal juzgador.

En el caso de la prueba preconstituida, supone un sacrificio de la inmediación, su diferencia con la anterior radica en que en esta, su desarrollo no tiene lugar ante el Tribunal Juzgador sino ante el Juez de Instrucción o Fiscal, con lo cual la inmediación desaparece al menos como inmediación espacio temporal, y queda reducida a la percepción del soporte en que la prueba preconstituida se documente y refleje. A veces se le denomina prueba anticipada en sentido impropio para reservar el término de preconstituida a las diligencias sumariales de imposible repetición en el juicio oral por razón de su intrínseca naturaleza y cuya práctica -como sucede con una inspección ocular y con otras diligencias es forzosamente única e irrepetible. Se llame de una o de otra forma este supuesto es el de las pruebas testificales que ya en la fase sumarial se prevén como de reproducción imposible o difícil por razones que, aún ajenas a la propia naturaleza de la prueba, sobrevienen en términos que permiten anticipar la imposibilidad de practicarla en el juicio oral[5].

b)    Principio de libre valoración de la prueba.

Otro principio que forma parte del sistema de prueba, es el de la libre valoración, que en el ordenamiento mexicano entrara en vigencia una vez se apruebe el proyecto de Código federal de procedimientos penales, este principio viene a desterrar un sistema de prueba tasada durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas (prueba tasada). Por supuesto, en el sistema inquisitivo la prueba perfecta era la confesión del acusado, y si ésta no se producía espontáneamente, la mera existencia de indicios contra un sospechoso permitía al juez su sometimiento a tortura ad eruendam veritatem, sólo baste recordar ese aforismo jurídico que manifestaba: «a confesión de parte relevo de prueba». En este sistema de libre valoración, a diferencia del sistema anterior, el enjuiciador es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba; puede convencerse por lo que le diga un único testigo, frente a lo que digan varios. Ahora bien, este principio no significa, que el Tribunal tenga una facultad irracional y sin limitaciones de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados, pues dicho principio tiene como función esencial que el juez debe apreciar las percepciones durante el juicio según las reglas del criterio racional, dicho de otra manera se deben de valorar las pruebas a través de la lógica, y dentro de ellas, el principio de no contradicción, así mismos se deberán observar los principios generales de la experiencia.

Bajo esta perspectiva cabe decir que el principio de libre valoración exige dos momentos diversos en el acto de la prueba, por un lado, aquél que depende de la inmediación, de la percepción directa de la prueba, como las declaraciones testificales, de los peritos y del acusado; así como el momento en que hay que darle el necesario soporte racional al juicio que se realice sobre dicha prueba, podemos decir que el primer aspecto del juicio sobre la prueba (aspecto subjetivo) no es controlable, ni en apelación, ni en casación, ni en amparo, pues sería imposible entrar a enjuiciar el sentido íntimo que el juzgador le ha dado a una determinada actitud; por ejemplo, a las manifestaciones ante él realizadas por un testigo o por un perito[6]. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de manifestarse al respecto señalando que su función es verificar si las actuaciones llevadas a cabo por los órganos del Poder judicial a fin de constatar si existió o no la violación del derecho a efectos de restaurarlo o, en su caso, de preservarlo, sin embargo dicho control, se debe ceñir a apreciar si en el curso de aquellas actuaciones judiciales, y, sustancialmente, en la fase plenaria del juicio, se practicaron en verdad pruebas que, a la vista de las exigencias reseñadas, pudieran llamarse como tales en cuanto que sirvieran de fundamento racional a la acusación, sin que se extienda la jurisdicción por parte de ese Tribunal al enjuiciamiento del proceso mental, en virtud del cual, en conciencia y mediante una reflexión insustituible, llegó el juzgador penal a concluir la culpabilidad de los acusados, tarea ésta que la ley, con fundamento en la misma Constitución, confía en exclusiva a los órganos del Poder judicial[7].

Lo anterior no significa que dicho principio sea omnipotente pues el segundo aspecto del juicio sobre la prueba (aspecto objetivo) vincula al enjuiciador a las leyes de la lógica, de la experiencia y a los conocimientos científicos, por lo que existe una materia de control de las distintas instancias, incluso en amparo, pues de acuerdo con las necesarias exigencias de racionalidad, se evita o trata de evitar la arbitrariedad de los órganos jurisdiccionales. En definitiva, esta parte objetiva del acto de valoración de la prueba sí puede ser controlada, a fin de salvaguardar en todo caso la supremacía de la Constitución.

c)    Principio de presunción de inocencia

La presunción de inocencia, es uno de los principios que más trascendencia ha tenido en el Derecho liberal, tal ha sido su importancia que incluso se ha elevado a rango constitucional por diversos ordenamientos jurídicos, de igual manera se encuentra regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 6.2, en que señala que: «toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida». Dicha manifestación, se ha analizado en profundidad por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[8], pues es precisamente este principio junto al derecho a la tutela judicial efectiva, el alegado como vulnerado con más frecuencia, pues no cabe duda que representa una de las características más significativas del Derecho procesal penal liberal y del actual modelo del debido proceso. La presunción de inocencia, debe versar sobre los hechos, pues sólo los hechos pueden ser objeto de prueba, es una presunción iuris tantum que exige para ser desvirtuada la existencia de un mínimo de actividad probatoria de cargo producida con las debidas garantías procesales. Evidentemente, la prueba ha de servir para probar tanto la existencia del hecho punible como la participación en él del acusado[9].

Así pues, la presunción de inocencia se establece en primer término como regla de juicio, imponiendo la carga de la prueba a la acusación y determinadas reglas probatorias; y, en una segunda fase, podría actuar como criterio rector en la aplicación de un determinado precepto a los hechos probados[10].

d)    Principio de contradicción

Aparte de la oralidad e inmediación, el principio de contradicción, inherente al derecho de defensa, es otro principio esencial en la práctica de la prueba, al permitir a la defensa contradecir la prueba de cargo. Dicho de otra forma este principio viene a cumplir con el postulado «nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio[11]». Este principio viene a ser una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso con todas las garantías, para cuya observancia adquiere singular relevancia el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo, en el procedimiento probatorio se debe tener necesariamente un debate contradictorio, que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Tribunal que ha de dictar sentencia, de tal manera que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se debe alcanzar en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes.

Se puede definir a este principio como la posibilidad de la refutación o de la contraprueba[12], por las partes, pues es ahí precisamente en donde la garantía de defensa toma mayor auge, pues el poder de refutación de la acusación por parte del acusado toma mayor relevancia en el juicio oral. Ahora bien, este principio de contradicción, no solamente rige para el juicio oral sino antes bien esta presente en las diversas etapas del procedimiento.”

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[1] ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones…, 2010, pág. 46.

[2] Vid. al respecto la sentencia del Tribunal Supremo 287/2007 de 10 de abril RJ 2007\3135, (ponente: IBÁÑEZ, Perfecto Andrés).

[3] MARTÍN OSTOS, José, Manual de Derecho…, 2011, pág. 231.

[4] Vid. al respecto, un amplio desarrollo sobre el tema a MARTÍN OSTOS, José, Manual de Derecho…, 2011, págs. 236 y ss.

[5] En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en la sentencia 96/2009 de 10 marzo RJ 2009\3284, (ponente: PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR, Adolfo).

[6] BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, La impugnación de los hechos probados en la casación penal, AdHoc. Buenos Aires, 1994, pág. 66 y ss.

[7] Sentencia del Tribunal Constitucional 126/1986, de 22 de octubre, (ponente: RUBIO LLORENTE, Francisco)

[8] Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1998, de 20 de octubre, (ponente: VIVES ANTÓN, Tomas S.)

[9] ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones…, 2010, pág. 46.

[10] GORRIZ ROYO, Elena, «La presunción de inocencia como criterio de aplicación del Derecho Penal», en CARBONELL MATEU, Juan Carlos / GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / ORTS BERENGUER, Enrique / CUERDA ARNAU, María Luisa,(coords.), Constitución, derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador VIVES ANTÓN), Vol. 1, Tiran lo blanch, Valencia, 2009, pág. 845.

[11] ARMENTA DEU, Teresa, Lecciones…, 2010, pág. 40.

[12] FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 7ª., ed., trad. IBÁNEZ, Perfecto Andrés, et alli, Trotta, Madrid, 2005, pág. 150.